República DominicanaRepública Dominicana
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ISBN 978-9945-509-62-5

Deportaciones masivas y estado de excepción en República Dominicana

Colaborador:HaitianosRD, Colectivo (Coordinador Editorial)
Editorial:Fundación Friedrich Ebert
Materia:Derechos civiles y políticos
Clasificación:Derechos humanos, derechos civiles
Público objetivo:General
Publicado:2025-09-08
Número de edición:1
Número de páginas:209
Tamaño:14x21.6cm.
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español

Reseña

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Cuando mide un libro media carta en centímetros
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Un libro de tamaño media carta (también llamado "half letter" en inglés) tiene las siguientes medidas estándar:

14 cm de ancho

21.6 cm de alto

Estas medidas pueden variar ligeramente según el país o la imprenta, pero este es el tamaño más común para media carta en centímetros.

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Una hoja carta completa mide 21.6 cm x 27.9 cm, así que una media carta es justamente la mitad del tamaño en el lado más largo.

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Deportaciones Masivas y Estado de Excepción en la República Dominicana
Resumen Ejecutivo
“El agente de Migración que nos detuvo lo hizo porque éramos negros. El incidente me hizo ver que no eran inmigrantes ilegales lo que buscaban los agentes de Migración, mientras seas negro puedes ser víctima de cualquier cosa en República Dominicana”.
Testimonio de víctima de detención migratoria arbitraria, 8 de septiembre de 2024.
A partir de 2021, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha realizado la mayor campaña de deportaciones masivas de personas de origen haitiano, afectando a lo largo de los siguientes cuatro años a cientos de miles de personas. Las cifras oficiales indican que durante ese período se ha realizado un número de deportaciones que casi duplica el estimado oficial sobre el tamaño de la comunidad inmigrante haitiana en la República Dominicana. Concretamente, el Instituto Nacional de Migración (INM) estimaba que en 2024 había 553,254 inmigrantes haitianos en el país, mientras que las cifras oficiales de la Dirección General de Migración (DGM) indican que entre el año 2021 y abril de 2025 se realizaron, aproximadamente, entre 900,000 y un millón de deportaciones, en su mayoría personas haitianas, pero también un número indeterminado de personas dominicanas de ascendencia haitiana. El gran margen entre distintas cifras oficiales es en sí mismo un grave problema, pues refleja que no se respeta el debido proceso ni se tiene un registro confiable oficial e individualizado de las deportaciones.
Esta campaña de deportaciones masivas ha afectado tanto a personas inmigrantes con décadas viviendo en el país como a migrantes recientes, con o sin documentación migratoria en regla; a personas dominicanas de ascendencia haitiana, tanto con su documentación dominicana como aquellas personas en situación de apatridia; asimismo, aunque en menor grado, ha afectado a personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida, quienes sufren detenciones migratorias y, en ocasiones, destierro.
En el transcurso de la campaña de deportaciones masivas implementada desde 2021, el gobierno ha mostrado un incremento sostenido, año tras año, del número de deportaciones de personas haitianas. En 2024, el gobierno deportó 272.713 personas haitianas y estableció oficialmente una cuota mínima de 10,000 deportaciones semanales, con el objetivo declarado de reducir el tamaño de la comunidad inmigrante haitiana, un indicio preocupante del peligro de que sea perpetrada una limpieza étnica.
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Pese a que las autoridades afirman que persiguen únicamente a las personas haitianas sin documentación migratoria vigente, emplean sistemáticamente el método ilegal y discriminatorio del perfilamiento racial. En consecuencia, realizan detenciones masivas de personas negras, tanto haitianas como dominicanas, independientemente de la documentación que posean. Las deportaciones adquieren así un carácter colectivo y masivo, en abierta violación de los derechos humanos. Las autoridades dominicanas carecen incluso de un registro riguroso del número de deportaciones realizadas, lo que se evidencia en las inconsistencias en las cifras publicadas en distintos documentos oficiales.
El gobierno incluyó en su Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití, firmado por varios partidos políticos aliados del oficialista PRM, así como por funcionarios y personalidades, un aval político para adoptar un Estado de excepción contra la migración haitiana, que caracterizó como amenaza a la seguridad nacional y la soberanía. Si bien no ha sido declarado formalmente, en los hechos se han dejado de observar las garantías del debido proceso y buena parte del articulado de la Constitución dominicana referido a los derechos humanos, configurándose un Estado de excepción de facto.
Para superar cada año las cifras de deportaciones hacia Haití, además de las detenciones migratorias masivas basadas en el perfilamiento racial, el gobierno procedió a masificar los allanamientos sin orden judicial, la detención migratoria y deportación ilegal de menores de edad —frecuentemente sin compañía de familiares—, así como de mujeres embarazadas o lactantes, entre otros recursos empleados al margen de la legalidad. Se registraron violaciones masivas de los derechos humanos, incluyendo extorsión, robo y destrucción de bienes de personas haitianas, violaciones sexuales, torturas y muerte de decenas de personas haitianas por disparos perpetrados por policías y militares, durante persecuciones migratorias, así como bajo custodia de las autoridades.
El gobierno también creó normas ilegales e inconstitucionales, como el decreto 668-22, que impone castigos extraordinarios contra personas haitianas que ocupan tierras estatales o privadas —situación en la que se encuentran la mayoría de los bateyes del país—, o el Procedimiento de Gestión de los Servicios de Salud para Pacientes Extranjeros, que viola el derecho constitucional a la atención médica gratuita al imponer el cobro de estos servicios a personas extranjeras en hospitales públicos y exigir al personal de salud realizar labores de control migratorio contra sus pacientes. Las autoridades han presentado en tono celebratorio la disminución de la asistencia de personas haitianas a los hospitales públicos. Existen denuncias de que también ha disminuido la inscripción de niños y niñas de padres haitianos en las escuelas públicas dominicanas. Otro protocolo ilegal instrumentado por el gobierno es la “depuración” de documentos personales: cuando una persona
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haitiana o dominicana de ascendencia haitiana presenta su documentación en regla, los agentes migratorios, policiales o militares habitualmente presumen que podrían ser falsos y ejecutan una detención preventiva, llevando a la persona a un centro de detención para revisar sus documentos.
El carácter racista de la política de deportaciones masivas se confirma, además, por la existencia de una política migratoria diferenciada basada en la percepción racial de las personas migrantes, en virtud de la cual el gobierno procura la regularización migratoria de personas venezolanas mientras impone obstáculos a la regularización de personas haitianas y las persigue sistemáticamente. A su vez, las deportaciones masivas crean condiciones favorables para el tráfico y la trata de personas.
En sus testimonios, las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana entrevistadas por el Colectivo HaitianosRD narran las terribles condiciones de reclusión en los centros de detención migratoria; denuncian el lenguaje racista y discriminatorio empleado por las autoridades; describen la experiencia de vivir en un país donde una persona negra puede ser víctima en cualquier momento de una detención arbitraria, o incluso ser asesinado.
En sus recomendaciones, el Colectivo HaitianosRD emplaza al gobierno a poner fin a las deportaciones colectivas y masivas, restituir las garantías constitucionales del debido proceso y todas las demás relativas a los derechos humanos, derogar las normas discriminatorias e inconstitucionales implementadas, entre otras medidas tendientes a poner fin al Estado de excepción de facto y la política migratoria racista. También formula recomendaciones al gobierno haitiano relativas a la defensa de los derechos de las personas haitianas en República Dominicana, y a las organizaciones de derechos humanos, para que ayuden a visibilizar las denuncias y exigencias contenidas en este informe.
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Aquí tienes un resumen breve de dos párrafos que puedes usar para gestionar el ISBN:

Resumen breve

Este informe documenta la campaña de deportaciones masivas implementada por el gobierno dominicano desde 2021, que ha afectado a cientos de miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Las cifras oficiales indican un número de deportaciones que supera ampliamente la cantidad estimada de inmigrantes haitianos en el país, lo que refleja la ausencia de controles legales y un uso sistemático del perfilamiento racial. La política migratoria adoptada se ha traducido en violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, deportaciones ilegales, allanamientos sin orden judicial y violencia estatal contra personas negras, con o sin documentación.

El informe denuncia la existencia de un Estado de excepción de facto, amparado en un discurso de seguridad nacional y en normas inconstitucionales que discriminan a la población haitiana y afrodescendiente. Se registran prácticas como la “depuración” de documentos, la exclusión del acceso a servicios públicos básicos y un trato diferencial hacia otros grupos migrantes. El Colectivo HaitianosRD exige el fin de las deportaciones colectivas, la restitución de las garantías constitucionales y el cese de la política migratoria racista, al tiempo que formula recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades dominicanas como haitianas, y a la comunidad internacional.

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En donde dice informereemplazar por publicación
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Claro, aquí tienes el texto corregido con "publicación" en lugar de "informe":

Resumen breve

Esta publicación documenta la campaña de deportaciones masivas implementada por el gobierno dominicano desde 2021, que ha afectado a cientos de miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Las cifras oficiales indican un número de deportaciones que supera ampliamente la cantidad estimada de inmigrantes haitianos en el país, lo que refleja la ausencia de controles legales y un uso sistemático del perfilamiento racial. La política migratoria adoptada se ha traducido en violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, deportaciones ilegales, allanamientos sin orden judicial y violencia estatal contra personas negras, con o sin documentación.

La publicación denuncia la existencia de un Estado de excepción de facto, amparado en un discurso de seguridad nacional y en normas inconstitucionales que discriminan a la población haitiana y afrodescendiente. Se registran prácticas como la “depuración” de documentos, la exclusión del acceso a servicios públicos básicos y un trato diferencial hacia otros grupos migrantes. El Colectivo HaitianosRD exige el fin de las deportaciones colectivas, la restitución de las garantías constitucionales y el cese de la política migratoria racista, al tiempo que formula recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades dominicanas como haitianas, y a la comunidad internacional.

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