Reseña

La convivencia armónica entre los habitantes de un determinado territorio y su relación con el Estado es lo que da sentido a la existencia del Derecho, el cual debe estar conformado por disposiciones normativas capaces de resolver los conflictos que se presenten en ese proceso de intercambio social.

De acuerdo con el artículo 40.15 de la Constitución Dominicana el cual establece: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica;”. Este es el Principio de Reserva de ley, el cual marca el límite a la intervención del Estado en la libre determinación de hacer de las personas.
Ahora bien, cuando surge un conflicto en la sociedad entre el Estado y los particulares o entre particulares, previo a acudir al proceso penal, debemos tomar en cuenta dos aspectos, que se trate de un hecho de naturaleza penal *delito* y, que no exista la posibilidad de solucionarlo por una vía distinta. Esto es así, de acuerdo con las previsiones del artículo 2 del Código Procesal Penal. El Derecho Procesal Penal es el conjunto de normas jurídicas internas y formales correspondientes al Derecho Público que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. Ese conjunto de normas regulan de manera precisa todo el desarrollo del proceso a los fines de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para comprender y aplicar tres normas que son los pilares que sustentan el proceso en pos de la garantía de los derechos y principios fundamentales tanto del imputado como de la victimas del hecho punible, nos referimos a las normas jurídicas, procesales y penales.