Reseña

La Ley 85-25 representa un intento de modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana, buscando equilibrar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos tras décadas de un modelo marcado por la judicialización, la informalidad y la desconfianza en el mercado inmobiliario. El nuevo marco legal fortalece la inversión y agiliza los procesos de desahucio, pero también expone tensiones estructurales vinculadas al derecho a la vivienda digna, la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos y la ausencia de políticas públicas que protejan a sectores históricamente excluidos del acceso habitacional.
Más allá de la regulación contractual, el desafío de la Ley 85-25 radica en construir un modelo de renta inmobiliaria socialmente sostenible, capaz de combinar eficiencia jurídica, control de la especulación, protección frente a la gentrificación y garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la vivienda en el país.